La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) someterá a revisión esta semana los alcances que tiene la Secretaría de Marina (Semar) para colaborar con las policías locales en tareas de seguridad pública.
El proyecto, a cargo de la ministra Yasmín Esquivel Mossa evalúa la acción de inconstitucionalidad 173/2021 presentada por 168 diputados de oposición en contra la Ley Orgánica de la Armada de México, la cual amplió en octubre de ese año las facultades de la Semar para actuar como policía y realizar detenciones por delitos del fuero común y federal.
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En la reforma se contempló también la creación de una Policía Naval, la cual subordina a los elementos de la Guardia Nacional (GN) que se encuentren comisionados a los puertos y zonas marítimas, y funda una Unidad de Inteligencia Naval, de la que no se establecieron sus funciones y limitaciones.
La discusión sobre esta acción de inconstitucionalidad, con la cual los legisladores buscan revocar las reformas aprobadas al considerar que dota a la Marina de atribuciones que no le corresponden y no establece controles para su actuar, es el segundo en lo que va del año en analizar la llamada militarización del país.
El primero fue el pasado 24 de enero, cuando la SCJN negó declarar inconstitucionales los artículos 19 y quinto transitorio de la Ley Nacional del Registro de Detenciones que permiten que las Fuerzas Armadas puedan realizar detenciones sin notificar a las autoridades de seguridad pública.
Los dos proyectos, este a cargo de la ministra Esquivel y el anterior bajo la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán, forman parte de los temas prioritarios que el pasado 10 de diciembre los 11 ministros de la Corte acordaron dar pronta atención, derivado de una solicitud hecha por el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel.
En total se trata de cinco acciones de constitucionalidad, tres controversias constitucionales y un amparo en revisión, todos ellos relacionados con la militarización y las facultades de la Guardia Nacional, temas pendientes que en algunos casos se arrastran desde 2016.
A diferencia de otras ocasiones en la que se discuten estos temas, la ministra Yasmín Esquivel hizo público su proyecto en el que propuso desestimar el recurso interpuesto por la minoría parlamentaria.
La ministra, quien es normal que se posicione a favor de la militarización del país bajo el argumento de los niveles de inseguridad que hay en el país, consideró en su proyecto que los agravios señalados por los legisladores carecen de fundamento, pues contrario a lo que ellos establecen, estimó que la Ley Orgánica de la Armada de México es clara en establecer los límites a los que es sometido este cuerpo de seguridad.
Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil estiman que el proyecto de la ministra Esquivel con el que propuso rechazar la acción de inconstitucionalidad y validar la Ley aprobada por Morena y sus aliados no hace un análisis “serio” y con “rigor constitucional” del tema.
“(La ministra), en vez de hacer un análisis serio de lo que se demandó y del marco constitucional aplicable, sólo dice que los diputados no tuvieron la razón. En este contexto, validar la ley es inaceptable porque faculta a la Secretaría de Marina para perseguir delitos y que la persecución de esos delitos se haga sin establecer los límites claros para su actuación de cómo, cuándo, dónde, qué delitos son los que pudiera participar y también porque no se impone la obligación de retirar cuentas”, advirtió en entrevista con El Sol de México, María Nava, abogada integrante del área de litigio estratégico de México Unido en Contra de la Delincuencia (MUCD).
La especialista de MUCD, asegura que las argumentaciones de la ministra, tales como que los delitos que puede perseguir la Marina son solamente los federales, son falsos, ya que en la ley aprobada dice textualmente “cualquier otro ilícito” lo que da una especie de “cheque en blanco” para actuar.
“Para llegar a esa conclusión (la ministra) hace un análisis de la Ley Orgánica de la Armada, que fue la que impugnaron, y de otras leyes que también son aplicables a la Marina, pero igual sigue siendo vaga la permisión de que se pueda combatir cualquier delito. O sea, el análisis que hace la ministra no es profundo, porque para empezar busca en otras normas la justificación constitucional, y la respuesta tendría que estar dada en la misma Ley Orgánica de la Armada”, refutó.
Además del actuar de la Semar en tareas policiales, entre las características de la norma que preocupan a MUCD es la creación de la Policía Naval, la cual somete a su control a los elementos navales de la Guardia Nacional, hecho que contraviene a la Constitución, en la cual se establece que las Fuerzas Armadas deben de ser sometidas a los cuerpos civiles como, en teoría, es la GN.
A la organización civil también llama la atención la fundación de la Unidad de Inteligencia Naval que la ley marca como “es el órgano asesor encargado de generar la información de inteligencia necesaria para la formulación de los Planes de Seguridad Nacional en los que participe la Armada de México”, pero del cual no se establecen controles para esas tareas.
“La ley dice que se crea esta unidad, pero no dice para qué, no dice cómo es que va a actuar. Y tengamos en cuenta que las unidades de inteligencia generalmente son para prevenir delitos, entonces el no definir dentro de la ley para qué te sirve esta unidad de inteligencia, cuáles son sus límites, cuáles son sus atribuciones, cuál es el fundamento que van a seguir, es muy preocupante porque generalmente le da carta abierta para que puedan actuar a discreción”, alertó Nava.
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Se prevé que el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel sea discutido entre lunes y martes, aunque como ha sido costumbre con estos temas, el análisis y la argumentación de los miembros del Pleno se podría extender hasta el jueves, último día de la semana que dedica la Corte para sesionar.
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