Los cárteles mexicanos reclutan a guatemaltecos con preparación militar y para eso fingen ser empresas de seguridad privada, de acuerdo con investigaciones realizadas por la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, país que en las últimas semanas ha recibido a cientos de chiapanecos que huyen de la violencia provocada por el narco en sus comunidades de origen.
Belteton Helver Saia, quien fue jefe de subdirección general de análisis e información antinarcóticos de la PNC, durante el gobierno del presidente Alejandro Giammatei, indicó en entrevista con El Sol de México que los narcotraficantes publican anuncios en las redes sociales o lanzan volantes en la vía pública de comunidades en las que operaban grupos armados como Los Zetas, dedicados a la producción y trasiego de droga hacia Estados Unidos.
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En estos anuncios, según la PNC, solicitan personal con experiencia para trabajar en empresas de seguridad y ponen a disposición números telefónicos. Por su puesto no se dice que es para conformar un grupo delictivo, pero cuando ya están en el supuesto proceso de contratación les indican de lo que realmente se trata, ofreciéndoles entre siete mil y 10 mil quetzales al mes (de 16 mil 500 y 25 mil pesos mexicanos).
Publican anuncios en redes sociales o lanzan volantes en comunidades en las que operaban grupos armados como Los Zetas
La mira de las estructuras criminales, de acuerdo con la PNC, está puesta en exkaibiles y kaibiles en activo, como se les conoce a los soldados de élite del Ejército guatemalteco que reciben entrenamiento especializado en combate contra guerrillas, narcotraficantes y terrorismo, aunque reclutan a “quien sea que sepa utilizar un arma”.
Muchos, según Saia, aceptan seducidos por el dinero porque es un sueldo difícil de ganar como policía en Guatemala y los que intentan rechazar la oferta son reclutados por la fuerza bajo amenazas de muerte o hacerle daño a su familia.
El problema, de acuerdo con la PNC, es que la mayoría de los reclutados no vuelven al país, pues mueren en enfrentamientos o los grupos rivales los interceptan y los “desaparecen”.
El 29 de junio pasado, las autoridades policiales de Chiapas reportaron el hallazgo de 19 personas muertas en una ruta de terracería que conduce a Jaltenango de la Paz con la comunidad de La Reforma, La Concordia. Tres días después, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que entre los muertos se encontraban guatemaltecos. Los cuerpos con impactos de bala estaban en un camión de volteo y en los alrededores.
El mandatario aseguró que se trató de un enfrentamiento entre grupos de narcotraficantes porque en el lugar se encontraron armas de fuego de grueso calibre.
Meses antes, el 3 de abril, López Obrador confirmó la detención de 13 guatemaltecos involucrados en otro enfrentamiento entre dos grupos del crimen organizado en la misma comunidad de La Concordia, que dejó un saldo de 10 muertos, además de los detenidos.
La presencia de carteles de la droga entre la frontera México-Guatemala ha sido más evidente este año, debido a que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) se disputan esa línea fronteriza para la recepción de la droga que viene de América del Sur.
La nación centroamericana desplegó a fuerzas especiales para intentar blindar el paso de los carteles mexicanos al llamado Triángulo Dorado de la Amapola, zona que comprende los municipios de Tacaná, Tajumulco e Inxchiguán, en el departamento de San Marcos, a sólo 20 kilómetros de Chiapas. El nombre fue asignado por el gobierno de Estados Unidos luego de que se diera a conocer la existencia de inmensos cultivos de amapola.
Información de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) señala que la siembra y cosecha de amapola en esa zona es la única opción económica para decenas de familias que procesan la planta para venderla a los cárteles mexicanos como opio crudo. Un kilo de goma se comercializa hasta en 70 mil dólares, según estimaciones de la DEA.
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De acuerdo con Saia, el gobierno guatemalteco tiene evidencias de la colaboración directa entre miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa con grupos del crimen organizado locales como los Huiscas, uno de los clanes más antiguos del país, para la producción de opio en laboratorios clandestinos y tráfico de heroína que se vende en Estados Unidos.
Las alianzas criminales se han reforzado además con el aumento de la llegada a Guatemala de precursores químicos desde China con los que se produce fentanilo.
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