El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED) publicó sus hallazgos sobre Japón y Portugal así como las observaciones de seguimiento sobre México. Los tres Estados fueron examinados durante la más reciente sesión del Comité, sostenida del 5 al 16 de noviembre en Ginebra.
El Comité lamenta que se mantenga una situación de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado y que imperen la impunidad y la revictimización.
Observamos con preocupación patrones de falta de datos confiables sobre las desapariciones forzadas, el escaso número de condenas, la emergencia que constituye el alto número de cadáveres sin identificación y de fosas clandestinas sin atención adecuada en todo el territorio del Estado parte. Señala el reporte
Te puede interesar: Propuesta de AMLO de crear Guardia Nacional es potencialmente desastrosa: HRW
Por otra parte, advierte que hay obstáculos para la implementación de la participación efectiva de las víctimas y sus organizaciones, en particular en los mecanismos institucionales de búsqueda e investigación, y la existencia de obstáculos estructurales para el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, y una falta de avances efectivos en la plena implementación de las recomendaciones formuladas en sus observaciones finales.
Por ello, recomienda al Estado Mexicano, elaborar y adoptar a la mayor brevedad, un plan claro, completo, verificable y con un cronograma definido de implementación de la Ley General de desapariciones forzadas que incluya todos los aspectos a los que obliga la Ley General a nivel federal, estatal y municipal, que contenga plazos e indicadores objetivos de cumplimiento.
Te puede interesar: Sheinbaum presenta la nueva imagen institucional de la CDMX
Así como un plan de monitoreo y evaluación que incluya a las víctimas de desaparición y a sus familiares, publicando periódicamente informes sobre los avances en la implementación y funcionamiento del marco institucional creado por la Ley General y que cuente con el personal idóneo y los recursos materiales necesarios para su ejecución. Así como establecer un mecanismo de coordinación para la implementación de la Ley General, liderado por la Secretaría de Gobernación, y que articule todos los niveles del Estado.
