La despenalización del aborto en Baja California Sur (BCS) no cambió la situación que viven las mujeres cuando deciden interrumpir un embarazo. Ese fue el caso de Vanessa, quien sintió que el mundo se le venía encima cuando confirmó que estaba embarazada. Se quedó helada, pues había usado preservativos en su primera relación sexual. Estaba confundida, nerviosa y con temor. Cuando decidió informarse sobre el aborto en el Hospital General de Especialidades “Juan María de Salvatierra”, en La Paz, sus molestias se exacerbaron, pues el personal de salud que la atendió le agregó un conflicto más: la culpa.
Tenía 17 años y era hija de una familia profundamente católica. Hermana mayor, estudiante ejemplar, responsable y dedicada, pero en octubre de 2022 una prueba le confirmó que estaba embarazada de cuatro semanas, tuvo miedo a morir porque el médico y la enfermera que la atendieron en el hospital cuando solicitó el aborto le dijeron que sólo tenía como opción el legrado, “con muchos riesgos”.
Al momento de hacerme preguntas de rutina me hizo mucho hincapié en la parte religiosa. No me dijo abiertamente 'está mal', pero sí me hizo sentir culpa
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“Fue horrible. Cuando fui a pedir información me pasaron rápido, pero en cuanto le dije al médico que quería abortar cambió su rostro. Al momento de hacerme preguntas de rutina me hizo mucho hincapié en la parte religiosa. No me dijo abiertamente “está mal”, pero sí me hizo sentir culpa, y cuando me dijo del legrado, me lo hicieron ver como algo demasiado peligroso, que lo pensara muy bien porque había la posibilidad de que ya no pudiera tener hijos a futuro”.
Cuando Vannesa acudió al hospital, ya habían pasado cuatro meses de aprobadas las reformas a la Ley del Salud del estado y al Código Penal. Con ello Baja California Sur se convirtió en la novena entidad en despenalizar el aborto.
Las reformas llegaron tras una batalla de casi dos décadas, encabezada por feministas y el Centro Mujeres A.C., quienes colocaron el tema de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la agenda pública y presentaron reformas de ley, cabildearon con funcionarios, emprendieron capacitaciones, campañas de difusión, construyeron redes, educaron, sensibilizaron y lograron que funcionarias y funcionarios fueran aliados para impulsar los primeros avances en la legislación. En 2005 se legisló sobre la violencia sexual, pues en la entidad no estaban tipificados delitos como el acoso ni el hostigamiento sexual. También ampliaron las causales excluyentes de responsabilidad en caso de aborto y se incluyó el trabajo comunitario como penalidad. BCS fue la primera entidad que incluyó esta posibilidad para evitar que una mujer fuese a prisión por abortar. Para avanzar en la despenalización: “estudiamos cómo se logró el proceso en América Latina, particularmente, en Argentina… Pasaron 18 años, varias legislaturas y gobernadores”, explicó una experta del Centro Mujeres A.C.
Mientras los grupos feministas impulsaban reformas, visibilizaban y sensibilizaban sobre el derecho de las mujeres a decidir sobres sus cuerpos, grupos ultraconservadores y el Frente en defensa de la Familia Natural, hacían lo suyo e intentaron, en más de una ocasión, impulsar en el Congreso local leyes para la “protección de la vida desde la concepción”, las cuales recibieron un amplio rechazo de colectivas, científicas y cientos de activistas pro derechos de las mujeres.
También se requirió un cabildeó intenso y una presión de las feministas que exigieron congruencia con las causas pro derechos de las mujeres a las y los legisladores en 2021. Éstas argumentaron principios de dignidad humana, autonomía, libre desarrollo de la personalidad, igualdad jurídica, derecho a la salud y libertad reproductiva a través de una iniciativa ciudadana en BCS. La iniciativa se fortaleció con el reconocimiento que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 2 de junio de 2022, sobre la interrupción legal del embarazo a las 12 semanas de gestación.
Con 16 votos a favor (sólo tres en contra) se aprobaron las reformas a los artículos 151, 152, 153, 154 del Código Penal y a los artículos 60 y 62 de la Ley de Salud del Estado de BCS. En el Código Penal vigente quedó estipulada la punición para quien obligue a cualquier mujer a abortar sin su consentimiento. “Lo que se busca es que el Código deje de criminalizar y sancionar a las mujeres que aborten por decisión personal y de manera libre y se busca garantizar que sea de manera segura y gratuita para salvaguardar su integridad y salud”, quedó asentado en el dictamen avalado.
La sesión no estuvo exenta de voces en contra y manifestaciones de líderes y colectivos ultraconservadores. El diputado panista Rigoberto Mares calificó el hecho como un “atentado a la democracia” y aseguró que “el no nacido es un ser inocente, un ser humano en gestación” y acusó discriminación por considerarlo “sin actividad cerebral o sin su cuerpo formado”.
Estas palabras retumbaban una y otra vez en la cabeza de Vanessa cuando acudió a informarse sobre el aborto y cuando el personal le insistió en “pensárselo mejor”. Otro factor se sumó a sus preocupaciones: “el alto costo”. El personal que la entrevistó le comentó que “por no ser derechohabiente” de ninguna institución de salud, si optaba por el legrado que le indicaron, el Hospital Juan María de Salvatierra –dependiente de la Secretaría de Salud de BCS– le cobraría. Esto es contrario a la gratuidad que quedó estipulada en la reforma al artículo 62 de la Ley de Salud de BCS.
A todos los obstáculos para que Vanesa no interrumpiera su embarazo se agregó uno más: la petición de ir acompañada de una persona mayor para que firmara “la carta de consentimiento” por si le ocurría algo. “Me dijeron para que firmara porque podía quedar infértil, morirme o desangrarme”, expresó la joven. Al salir del consultorio tuvo días muy difíciles, se sentía deprimida, se aisló y no se atrevía a platicarle a sus papás. Terminó la relación con su pareja. Finalmente, tras días sin dormir, se atrevió a contarle a su mamá y allí empezó otra crisis. “Tuve mucho miedo después de ir al hospital, pero enfrentar a mis papás tampoco fue sencillo. Te confrontas con tus creencias, con lo que has sido y crecido. Sentí que los defraudé, pero sabía que había hecho lo más por cuidarme y me sentía juzgada por todos”.
Deben sensibilizar al personal de salud por que hay mucho que se declara objetor de conciencia, entonces hay poco personal que quiera practicar los abortos
Para las activistas y acompañantes en casos de aborto, uno de los retos que enfrenta BCS, a un año cuatro meses de aprobada la despenalización del aborto, es la capacitación, educación y sensibilización del personal de salud para que otorguen un servicio de calidad y libre de prejuicios. En opinión de Marina Druk Hernández, el “gran ausente es el Estado laico” y las ideologías se anteponen a la hora de brindar un servicio garantizado ya en las leyes de BCS.
Daniela Pérez e integrante de la colectiva Las Calafias Aborto Seguro, refiere que otro de los problemas son los retrasos o fallas en la atención a las adolescentes que solicitan el servicio de interrupción del embarazo. “Los funcionarios interpretan que las adolescencias tienen que presentarse con sus madres, padres o tutores para acceder al aborto. Les hacen dar muchas vueltas, a veces tardan más de los cinco días para practicar el procedimiento. Eso desincentiva la decisión. Además, deben sensibilizar al personal de salud por que hay mucho que se declara objetor de conciencia, entonces hay poco personal que quiera practicar los abortos. Es como un estigma médico, y los juicios morales nublan el ejercicio de su profesión”, añadió.
Otro pendiente es la difusión de información del aborto seguro y hacerlo accesible, sobre todo en una entidad tan extensa y con población tan dispersa como BCS. “No están haciendo suficiente difusión. Nosotros en Las Calafias hicimos el primer video de la ruta de Interrupción legal del embarazo para que se visibilizara paso por paso y facilitarles el acceso; repartimos folletos, hacemos spots para radio, pero es la autoridad a la que le corresponde hacerlo”, sostuvo la activista.
Si las unidades y hospitales dependientes de la Secretaría de Salud en BCS presentan deficiencias, el IMSS e ISSSTE tienen más dificultades: falta de personal, presupuesto y voluntad. Los responsables del programa de ILE en estas instituciones no atendieron una solicitud de información de la reportera.
“En el IMSS hemos notado más resistencia y hemos percibido violencia y criminalización, y en el ISSSTE dan el servicio, pero muy rara vez. Si no quieren dar el servicio por alguna limitación, tienen la obligación de canalizar a las solicitantes a la Secretaría de Salud, pero no, las criminalizan”, añadió Daniela Pérez.
De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud del estado, desde las reformas en 2022, se elaboró el Protocolo de atención a usuarias y se conformaron equipos no objetores de conciencia para “garantizar la prestación de servicios gratuitos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación”. A la fecha se han efectuado más de 400 procedimientos.
Zazil Flores Aldape, titular de la dependencia aseguró que la atención se otorga en los seis hospitales estatales, el servicio no se ha extendido a los centros de salud en Los Cabos y La Paz, los dos municipios con mayor población, pero, aseguró la funcionaria: “en el corto plazo se extenderán estas atenciones en el esquema farmacológico”. La batalla por garantizar el derecho de las mujeres a decidir en BCS, la siguen dando las colectivas feministas que visibilizan los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres y adolescentes, pese a la despenalización; por ello, está presente el cabildeo constante, pero el avance se advierte lento y con tropiezos.
El Centro Mujeres A.C., el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, sostuvo que la despenalización en 2022 permitió acceder al aborto voluntario a muchas mujeres, pero persisten obstáculos urgentes de atender: la difusión, capacitación, y la remoción de personal objetor en áreas de toma de decisiones; además de respetar el pleno derecho de las niñas y adolescentes a abortar.
Charlene Ramos Hernández, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), comentó al asumir el cargo que identificó “pactos interinstitucionales fuera de la ley” para obstaculizar el derecho a la interrupción legal del embarazo. Acusó directamente a la secretaria de Salud del estado, Zazil Flores Aldape, de formar parte de éstos y crear un “viacrucis” para las adolescentes, condicionando la prestación del servicio a una autorización del padre o tutor.
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Vanessa llegó al consultorio privado de una ginecóloga en diciembre del año pasado. Como pocas, llegó acompañada de su papá y su mamá. Había pasado otro mes desde que fue al Hospital “Juan María de Salvatierra”, tenía ocho semanas. La doctora conversó con ella y después llamó a sus padres. Los tres se fueron a su casa ya con la información y más tranquilos. En su casa, acompañada por éstos se tomó las dosis de mifepristona y misoprostol. Posteriormente estuvo en un proceso terapéutico y regresó a sus actividades cotidianas. Hace unos meses inició una carrera universitaria que disfruta mucho. Recién cumplidos 18 años, con más información, identifica las violencias e irregularidades que enfrentó al acercarse a la institución de salud pública de su estado, siendo menor de edad. “Nadie merece ser tratada así. No es justo”, mientras valora iniciar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la actuación del personal de salud.
**Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas.
