.jpg "GUARDIA NACIONAL LLUVIA (5).jpg")
Elementos de la Guardia Nacional (GN) realizan labores de resguardo personal de distintos funcionarios del gobierno federal, legisladores, diplomáticos, líderes religiosos, alcaldes, jueces y a titulares de organismos autónomos.
Por instrucciones de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al comisario general de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, miembros de ese organismo han dado servicios de resguardo a funcionarios federales, como al subsecretario de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell.
Te puede interesar: Repuntan las denuncias contra la Guardia Nacional entre 2019 y 2021
Un documento de la SSPC al que tuvo acceso El Sol de México, detalla que el 25 de abril de 2020, casi un mes después de que el Consejo de Salubridad General declaró la emergencia sanitaria por la epidemia de Covid-19, se hizo una evaluación de riesgo a López-Gatell, el llamado zar anti Covid de México, y se determinó procedente asignarle cuatro efectivos de la Guardia Nacional.
“Fue informado de la puesta a disposición de los cuatro efectivos de la Guardia Nacional que le fueron asignados para su protección personal, derivado del diagnóstico, estudio y evaluación de riesgo que le elaboraron mediante entrevista, el 25 de abril de 2020, debido a que recibió amenazas calificadas como reales y de consideración durante el desempeño de sus funciones”, se precisa en el documento.
También es el caso de la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, quien solicitó “extender la comisión de elementos de la Guardia Nacional” para ella y para el subsecretario de Hidrocarburos de esa dependencia, Miguel Ángel Maciel Torres.
En todas las peticiones se solicita mantener o extender el servicio de seguridad personal de elementos de la GN por “amenazas” hacia los funcionarios o hacia sus familiares.
Son los casos del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo; del director general de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, y de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.
En el caso de Sheffield Padilla el funcionario solicitó el resguardo de elementos de esa instancia de seguridad para asistir, el 10 de octubre de 2021, a la toma de protesta de la presidenta municipal de Moroleón, Guanajuato, Alma Denisse Sánchez Barragán, debido a “la violencia que se presenta en esa entidad”.
En el documento, con fecha del 7 de octubre de 2021, que firma la directora general técnica de esa dependencia, Patricia Carmona Domíngez, también se instruye a Rodríguez Bucio atender esas solicitudes de resguardo a personajes como el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, o al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.
Con el volante SSPC-21-08-03820, Evelin Salgado Pineda, gobernadora del estado de Guerrero por Morena, solicitó “la continuidad del servicio de seguridad a su persona que le otorgan elementos de la Guardia Nacional”.
Un caso aparte es el del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, para quien el defensor público solicitó lo custodiaran de su domicilio a una clínica dental en la ciudad de Chetumal para 14 sesiones de tratamientos odontológicos, dos veces por semana, en sesiones de dos horas, bajo el expediente S.E. 6/2021-IV, que elementos de la GN.
También puedes leer: Azcapotzalco y Xochimilco rechazan construcción de cuarteles de la GN
El exmandatario priista estuvo en prisiones de Estados Unidos y México a lo largo de 19 años, acusado de delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y contra la salud. En junio de 2020 se le dio el beneficio de prisión domiciliaria por su avanzada edad y problemas de salud.
Otras figuras públicas que han solicitado el servicio de resguardo de elementos de la GN son Carlos Antonio Alpizar Salazar, titular de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), así como a Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del desaparecido Partido Encuentro Social (PES) y exdelegado federal de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar en esa entidad.
¿QUÉ DICE LA LEY?
Dentro de las funciones, fines, atribuciones y obligaciones de esa institución de seguridad pública, de acuerdo con los artículos 6 y 7 de la Ley de la Guardia Nacional, no está expresamente la de brindar protección a servidores públicos.
Lo que sí permite es “colaborar (...) con las autoridades locales y municipales competentes, en la protección de la integridad física de las personas y en la preservación de sus bienes, en situaciones de peligro, cuando se vean amenazadas por situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente”.
La institución que sí está expresamente facultada para realizar esas acciones es el Servicio de Protección Federal (SPF), que en su reglamento establece que “tiene a su cargo la prestación de servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”.
Pese a ello, el 21 de abril de 2021, Rodríguez Bucio informó que integrantes de la GN brindaban protección personal a 64 candidatos que estaban en campaña y que compitieron en los comicios federales del 6 de junio de ese año.
Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad, comenta que la Guardia Nacional no fue pensada para la protección de funcionarios, ya que --recuerda-- “era el Estado Mayor Presidencial el organismo que sí estaba facultado para esas labores de resguardo”.
Destaca que dentro de las más de 40 funciones que tiene la GN en su reglamentación no está la de otorgar seguridad personal a miembros del gobierno federal, y dice que “aun si estuviera en la ley, este cuerpo de seguridad no fue creado para eso”.
Hope señala que, en todo caso, “se hubiera creado un cuerpo especializado para realizar esas tareas”, y cuestiona que además “se estén utilizando recursos de una institución de seguridad pública para funciones de seguridad privada”.
