La próxima administración federal recibirá a un sistema de universidades públicasestatales (UPES) con problemas financieros, ya que 34 instituciones de este tipo tienen pasivos por pensiones y jubilaciones que comprometen su labor académica, y de éstas, 10 están en quiebra, según datos de la Secretaría de Educación Pública.
El problema no es nuevo, ya que desde 2013, el gobierno federal implementó el programa presupuestal apoyos para la atención problemas estructurales de las UPES que para este año obtuvo un presupuesto de 839.7 millones de pesos.
A pesar de este apoyo, el dinero no alcanzó para las más endeudadas, las cuales la semana pasada acudieron hicieron pública su solicitud a las autoridades de la SEP y de la Secretaría de Hacienda para que les entregaran dos mil 500 millones de pesos extras, pues de lo contrario no podrían cerrar las actividades de este año.
Eso en el corto plazo, pero el panorama en el mediano seguirá igual de complicado. Por ejemplo, hay instituciones como la Universidad Veracruzana que al primer semestre de este año tenía dos mil 700 millones de pesos en pasivos, o la Universidad Autónoma de Zacatecas cuyas deudas oscilaban en los mil 875 millones de pesos.
Otras universidades con problemas son la Autónoma de Chiapas, la Autónoma del Estado de México, la Autónoma de Nayarit, la Autónoma de Sinaloa, la Autónoma del Estado de Morelos, la Autónoma de Tabasco la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Benito Juárez Autónoma de Oaxaca.
Todas las anteriores son las que sus pasivos son mayores que susingresos, por lo que están en quiebra técnica. A estas, hay que 24 cuyos pasivos ponen en riesgo sus actividades ordinarias por lo limitado de sus recursos, por lo que también entran en el programa de apoyos del gobierno federal.
Ante esta situación, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), entregó en agosto pasado, el documento titulado “Plan de Desarrollo Visión 2030”, donde se destaca el problema presupuestario como uno de los retos más importantes para la educación superior.
“Diversas universidades públicas enfrentan fuertes pasivos financieros derivados del crecimiento de la plantilla de personal y del pago de prestaciones laborales no reconocidas por la SEP, así como por los déficits derivados de los regímenes de pensiones y jubilaciones”.
En el documento, se establece la necesidad de garantizar jurídicamente la existencia de los fondos de apoyo para universidades con problemas financieros, ya que de lo contrario es imposible realizar una planeación de ampliación de matrícula e investigación en el mediano y largo plazo.
“La certeza y la suficiencia financieras son condiciones necesarias para el desarrollo integral de las instituciones públicas de educación superior, por lo cual la ANUIES ha propuesto a los poderes Ejecutivo y Legislativo llevar a cabo reformas legales de carácter integral y establecer nuevas políticas para el financiamiento con un alcance plurianual”, añade el documento.
Ahora, corresponderá a la Cámara de Diputados y al nuevo gobierno federal, establecer los lineamientos para rescatar financieramente a estas universidades.
