WAHINGTON. Los cerca de 650 jueces de inmigración arrastran un retraso de más de 2.4 millones de casos, según Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), una organización de la Universidad de Syracuse.
“Nos enfrentamos a un volumen verdaderamente abrumador”, afirmó David L. Neal, director de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, del Departamento de Justicia de EU, durante un coloquio organizado esta semana por el Instituto de Políticas Migratorias (MPI).
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En 2022 se puso fin a 313 mil casos pero el Departamento de Seguridad Interior presentó 700 mil nuevos, “más del doble de lo que pudimos terminar”, dijo.
Los solicitantes de asilo, que representan el 40 por ciento de la carga de trabajo de los tribunales, esperan una media de cuatro años para conseguir su primera vista judicial, asegura el MPI. Y muchos más en que se resuelva el caso.
La acumulación de casos en las cortes migratorias ha sido un aliciente para aquellos migrantes que se desviven por entrar al país, conscientes de que, una vez dentro, podrán trabajar durante años sin ser deportados. Esto les abre una ventana para, ahorrar y enviar dinero a sus familias.
“Está claro que el tiempo que se tarda ahora en superar el proceso judicial de inmigración se ha convertido en un importante factor de atracción que está impulsando la migración en toda la región”, dijo Blas Núñez-Neto, subsecretario interino de política fronteriza e inmigración en el Departamento de Seguridad Interior.
“JUSTOS” Y “EFICIENTES”
Los migrantes, muchos de ellos de América Latina, pagan a organizaciones de tráfico de personas hasta 15 mil dólares para llegar a la frontera.
Y lo hacen porque, según Núñez-Neto, “una vez que están en el sistema judicial de inmigración y han presentado la documentación necesaria pueden optar a la autorización de empleo”.
De modo que “el sistema judicial se está convirtiendo esencialmente en la aproximación de una vía legal para que la gente venga a Estados Unidos”, añade.
Otrora la mayoría de los migrantes eran mexicanos, de los cuales un número limitado pedía asilo, pero ahora proceden principalmente de otros países y muchos buscan protección, aunque relativamente pocos la obtienen, asegura Núñez-Neto.
En un nuevo informe, el MPI hace una serie de recomendaciones para descongestionar los juzgados en espera de que el Congreso se ponga de acuerdo sobre una nueva legislación migratoria. La última se remonta a hace 36 años.
Propone por ejemplo dar por zanjados los casos que incumplan los criterios de la fiscalía, fomentar el uso de la tecnología, restablecer la figura del funcionario de asilo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración para que gestione los trámites en la frontera sin pasar por los jueces, así como agendar los nuevos expedientes según el principio “último en llegar, primero que se decide”, enumera Muzaffar Chishti, investigador del MPI.
El número de llegadas de migrantes a EU ha ido disminuyendo desde mayo pasado, cuando el gobierno del presidente Joe Biden introdujo nuevas reglas.
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Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en junio las autoridades detectaron a 99 mil 545 migrantes en la frontera con México, un 30 por ciento menos que en mayo.
Y es que las nuevas normas de la administración Biden restringen en la práctica el acceso al asilo, al obligar a los migrantes a pedir cita a través de una aplicación de teléfono móvil (CBP One) o a tramitarlo en los países por los que transitan, por ejemplo acogiéndose a un permiso de reunificación familiar o a un programa que autoriza la entrada de 30 mil personas por mes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití solo por motivos humanitarios.
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