Integrantes de la familia de elementos policiacos, a quienes se les relaciona con el homicidio de un mini empresario, que fue encontrado en una fosa clandestina, localizada en una vivienda del fraccionamiento Santa Anita, en la zona oriente de la ciudad, se encuentran ya recluidos en los centros de Reeducación Social correspondientes.
De acuerdo a información proporcionada por el Supremo Tribunal de Justicia del estado de Aguascalientes, Víctor Hugo, Samanta Jennifer y Arath Mildred se encuentran acusados del delito de Homicidio Doloso Calificado con Premeditación y Ventaja, cometido en agravio de quien en vida llevara el nombre de Jorge.
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Al ser presentados, como parte de las acciones de la carpeta digital instruida en el Juzgado de Control y Juicio Oral Penal del Primer Partido Judicial en la causa penal al efecto instruida, se cumplimentó orden de aprehensión y se puso a disposición del juzgado para desahogo de audiencia inicial a los tres integrantes de esta familia.
A petición de la defensa los imputados se acogieron a la duplicidad del término constitucional de 144 horas, a fin de que sea resuelta la situación jurídica de los imputados.
El Juez de la causa determinó imponer a los imputados de referencia la medida cautelar de prisión preventiva.
Las acciones por las que se les acusa, tienen relación con el descubrimiento de un cuerpo sin vida en el interior de una fosa clandestina, la cual fue localizada en el patio de una vivienda en el fraccionamiento Santa Anita, donde habitaban dos de los acusados.
Se les señala como los presuntos responsables de la muerte del pequeño empresario, dedicado al ramo del automovilismo, quien era conocido en esa zona de la ciudad como “Yorch Pits”, dada su actividad.
De acuerdo a las primeras investigaciones, se señala que la hija del matrimonio, quien era elemento preventivo en el municipio de Jesús María, habría enganchado al hoy occiso, con el fin de extorsionar, proceso en el cual el Yorch fue golpeado salvajemente, estrangulado y enterrado en el sitio de referencia.
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Días deberán pasar para determinar la situación jurídica de los detenidos