Por la presunta comisión de actos y omisiones de desacato, abuso de funciones, actos y omisiones arbitrarias en su ejercicio como servidora pública que la harían responsable de faltas administrativas y/o penales, la Contraloría interna del Poder Legislativo del estado de Aguascalientes abrió una carpeta de investigación en contra de la encargada de despacho del Órgano Superior de Fiscalización y contra quienes resulten responsables.
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La demanda fue presentada de manera formal ante la Contraloría interna por el diputado Enrique García López, luego de considerar que este órgano, dependiente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del estado se ha extralimitado en sus funciones al detener la substanciación de las observaciones realizadas a las cuentas públicas de los 11 ayuntamientos, pese a la orden que le dio el pleno del Congreso del estrado para ello.
Dentro de la exposición de motivos, se señala de manera directa a la responsable del órgano de fiscalización, Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas, de exceder sus facultades, al desacatar una determinación tomada por el Congreso del estado, pues aun cuando el Osfags es un órgano técnico auxiliar de la Comisión de Vigilancia, en la fiscalización de las cuentas públicas, no cuenta con atribuciones para ignorar las determinaciones tomadas por el Congreso en pleno.
Esta situación, se señala, puede ser constitutiva de faltas administrativas, entre ellas, la prevista como grave en el artículo 43 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado de Aguascalientes.
Como parte de las pruebas documentales presentadas, se anexa a la denuncia, el documento donde la encargada del órgano pide detener la substanciación de las observaciones realizadas a las cuentas públicas referidas.
Cabe recordar que, al analizar las observaciones realizadas al ejercicio del gasto 2018 del Gobierno del estado y los 11 ayuntamientos, 21 de los 27 diputados locales aprobaron que fuesen los órganos de control de los propios municipios quienes dieran respuesta a las presuntas irregularidades observadas, a efecto de evitar la manipulación con fines dolosos y políticos de tal hecho, situación que fue abiertamente desobedecida por los fiscalizadores.
Ante ello, el legislador local solicita al Contralor del Poder Legislativo determine las posibles responsabilidades jurídicas en que incurrió la titular de este órgano y quienes más resulten responsables, así como las sanciones que correspondan.
11
Ayuntamientos han visto detenida la substanciación de las observaciones realizadas, tras la orden girada por la titular de la dependencia.