El Gobierno del estado no ha ejercido, ni ejercerá, ningún tipo de presión para acelerar la detención del extitular del Instituto de Educación de Aguascalientes, Francisco Chávez Rangel.
Martín Orozco Sandoval, gobernador de la entidad, reconoce que pese a ser ya del dominio público que el exfuncionario presta ya sus servicios para la próxima administración de Baja California, es facultad absoluta del órgano de procuración de justicia el determinar si se solicitará o no la colaboración de la autoridad de aquella entidad.
A Francisco Chávez Rangel se le persigue por un presunto desvío consistente en la contratación irregular o ficticia de un despacho que habría simulado la compra de equipo de cómputo con un valor de 270 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen.
Existe también otra indagatoria por la contratación sospechosa del abogado Juan Collado, a quien se le habrían pagado siete millones de pesos por asesoría, cuya prestación del servicio no existe forma de comprobar.
Hasta la semana pasada, la Fiscalía General del estado suponía que Chávez Rangel permanecía en territorio aguascalentense, sin embargo, el fin de semana se dio a conocer que el también excandidato del PRI a la alcaldía capitalina es parte de equipo del gobierno de transición bajacaliforniano para atender temas educativos.
Cuestionado sobre el particular, el gobernador Martín Orozco, reconoce que si bien ellos iniciaron la investigación, en este momento el balón se encuentra en terrenos de Jesús Figueroa Ortega, fiscal de la entidad.
Es un tema solo de la Fiscalía, ahí no puedo meterme –la Fiscalía- es autónoma. Nosotros iniciamos la investigación y seguramente la Contraloría debe estarle dando seguimiento y la Fiscalía debe estar haciendo las investigaciones. Seguramente ellos tienen sus tiempos y tienen sus investigaciones en cierto avance.Martín Orozco Sandoval
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