Luego del reporte emitido por la ONU-DH, respecto a casos de tortura identificados en Aguascalientes, la Fiscalía General del Estado aseguró que hasta el momento son investigados siete funcionarios entre agentes y Ministerios Públicos, por la presunta participación en casos de tortura.

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A decir de Jesús Figueroa Ortega, fiscal General del Estado, dijo que es importante tener en cuenta que el proceso en curso se originó de un caso ocurrido entre 2010 y 2014, “nosotros como fiscalía saben que nace en el 16, yo llegué en el 18 y bueno a partir de esa fecha se tienen muchas denuncias de hechos que habían ocurrido anteriormente entonces ahora con la denuncia de la comisión que deviene de uno de los compromisos de la recomendación pues se están llevando a cabo las investigaciones”.

El fiscal reconoció que ninguno de los siete funcionarios han sido separados del cargo ni el proceso se ha judicializado, debido a que la investigación está en proceso; asimismo, dijo que los elementos a su cargo, en ocasiones son señalados también por uso indebido de la fuerza.

En cuanto al proceso para separar del cargo a un funcionario involucrado en un presunto delito, dijo que “no es inmediato, no se les separa en cuanto tienen la denuncia porque hay que investigar, como no se le separa a ningún otro servidor público que tenga denuncias, hay que entender que hay varios servidores que tienen denuncias, hay empleados municipales y empleados estatales que tienen denuncias, ayer por ejemplo recibimos una denuncia contra un empleado estatal y no vamos a pedir que se le separe del cargo porque esto afecta primero su presunción de inocencia y segundo su estabilidad laboral”.

Reiteró que una vez que el proceso haya concluido, con una investigación completa y que se tenga que judicializar, será el juez o el Ministerio Público el que solicite en todo caso la separación, “pero ahora no estamos en facultad de poderlos separar del cargo”.

Finalmente, en cuanto a la figura del arraigo, mencionó que “fue declarado inconstitucional en el año 2015, antes de que existiera el sistema acusatorio estuvo vigente el arraigo, era una figura que podía estarse aplicando en el estado y fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y actualmente ya no existe”.

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