Juicio político a 21 diputados

Se declara procedencia a nivel federal, contra quienes declararon Non Grato a Evo Morales

Mario Luis Ramos | El Sol del Centro

  · lunes 9 de diciembre de 2019

Juan José Sifuentes | El Sol del Centro

La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputado federal, determinó admitir la procedencia de la denuncia de Juicio Político en contra de los 21 diputados locales de Aguascalientes, que votaron a favor de declarar como persona Non Grata al expresidente de Bolivia, Evo Morales.

Lo anterior, por considerar que mediante esta acción incurrieron en graves violaciones a la Constitución federal mexicana, al invadir de manera deliberada la esfera de competencia de las autoridades federales mexicanas.

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El Acta de Ratificación de Juicio Político, emitida al mediodía de este lunes. Bajo el expediente LXIV/HDC/JP/75/2019, por la dirección de Servicios Legales y la Subdirección de Apoyo Normativo de la Cámara baja, permite iniciar el procedimiento de Juicio Político contra los diputados Gustavo Báez Leos, Elsa Amabel Landín Olivares, Mónica Jiménez Rodríguez, José Saucedo Gaytán. Karina Eudave Delgado, Salvador Pérez Sánchez Claudia de Lira Beltrán, José Manuel Velazco Serna, Mónica Becerra Moreno, Alejandro Serrano Almanza, Luis Enrique García López, Patricia García García, Gladys Ramírez Aguilar, Elsa Lucía Armendáriz Silva, Juan Manuel Gómez Morales, Sergio Augusto López Ramírez, Mario Armando Valdez Herrera, Karina Banda Iglesias y María Irma Guillén Bermúdez.

La denuncia en su contra, por los motivos anteriormente expuestos, fue presentada por quien se identificó como Atilio Alberto Peralta Merino, quien se dijo “patrocinado” por el abogado Guillermo Macías Díaz Infante.

Juan José Sifuentes | El Sol del Centro

Se considera que la actuación de los diputados locales, en términos de la denuncia, viola la facultad federal de legislar en materia de condición jurídica de extranjeros, así como la facultad de conducción de la política exterior mexicana que corresponde al presidente de la República y la facultad de análisis y evaluación de dicha política, que corresponde exclusivamente al Senado mexicano.

La decisión de la Cámara de Diputados implica que el procedimiento seguirá su curso, lo cual configura un enjuiciamiento de los mencionados legisladores locales.