Profesionistas del Sistema Anticorrupción del estado, idearon un método para llevar a cabo las declaraciones patrimoniales que, por su calidad, podrá ser utilizado no solamente en todo el país sino también en el extranjero.
Este novedoso método (o sistema) podrá ser usado por los servidores públicos sin costo alguno para las dependencias gubernamentales y entidades que así lo soliciten y con este fin, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA), acordó trabajar de manera conjunta con Transparencia Mexicana.
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Acuerdo que se suma al programa denominado “Austeridad Inteligente” de Transparencia Mexicana, mediante el cual las inversiones públicas realizadas por el Estado Mexicano alcanzan el máximo potencial de uso al menor costo para el contribuyente.
En este caso, se informó que no se trata solo de ahorrar, sino de invertir inteligentemente los recursos públicos, especialmente en estos momentos de restricciones presupuestarias. De tal forma que cualquier institución pública podrá solicitar el sistema, sin tener que derogar recursos y facilitar a sus servidores públicos el cumplimiento de la obligación que marca el artículo 108 de la Constitución Federal.
Se subrayó que existe además
la posibilidad de transferir este sistema de captura de declaraciones sin costos ni enredos innecesarios, por lo que se espera que en el país nadie se quede atrás en el cumplimiento de esta obligación que es un pilar fundamental en la prevención de la corrupción.Transparencia Mexicana
La SESEA, por su parte, añadió que de esta forma los organismos públicos contarán por este medio, con un sistema que no sólo ha superado todas las pruebas en materia de seguridad e interoperabilidad informática, sino que además cuenta con una evaluación de impacto de protección de datos personales avalada por el organismo garante en materia de transparencia.
Razón por la cual, la oficina en México de Transparencia Internacional agradeció a la SESEA su contribución a la agenda anticorrupción nacional y no descartó el transferir esta tecnología a otros países.
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Es útil recordar que, en 2014, la sociedad civil organizada impulsó la adopción de medidas adicionales para conocer la situación patrimonial de los servidores públicos y evitar conflictos de intereses.
De tal forma que la llamada iniciativa “3de3”, impulsada por más de 634 mil personas y ahora obligatoria para los servidores públicos, está en el origen de esta transformación de las medidas de integridad gubernamental del país.
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