Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del estado, dieron entrada ayer jueves a la iniciativa acumulada mediante la cual se pretende despojar del fuero constitucional a la mayor parte de los funcionarios públicos y legisladores que actualmente gozan de esta protección para no ser detenidos en caso de violar la ley.

El documento es una suma de propuestas que a lo largo de los últimos años han interpuesto los legisladores Guillermo Alaniz de León, Gustavo Báez, Silvia Alanís y Sergio Augusto López Ramírez.

Mediante estas modificaciones de ley, se busca modificar los artículos 21 y 75 de la Constitución Política del estado de Aguascalientes, mediante la cual se eliminará la figura del fuero y se terminará

El documento especifica que se podrá proceder penalmente contra los diputados locales, el Gobernador; los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia; los miembros del Consejo de la Judicatura y del Poder Judicial; el Secretario General de Gobierno; el Fiscal General del estado; el Presidente municipal, regidores y síndicos de los Ayuntamientos, así como el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral.

También serán sujetos de proceso penal el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el Presidente y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia del Estado.

Con la modificación de los artículos mencionados y la derogación del 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 y 81 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, podrán aperturarse ya en contra de estos funcionarios las correspondientes carpetas de investigación y someterlos a procedimiento no se necesitará mayor requisito que los que se exigen para iniciar acción penal en contra del resto de la población.

En el caso de los diputados locales, se mantiene inalterado el principio fundamental que dio origen a la creación del fuero en el sentido de ser inviolables por la manifestación de sus ideas en ejercicio de sus funciones y jamás podrán ser reconvenidos ni juzgados por ello.

Los integrantes de la Legislatura local sí serán responsables de los delitos civiles y penales que cometan durante el tiempo de su encargo.

En el apartado de la exposición de motivos se especifica que se procederá especialmente en contra de los servidores públicos cuando estos cometan hechos delictivos del orden común en los términos de la normatividad penal, durante el tiempo de su encargo y, por el enriquecimiento ilícito por sí o por interpósita persona que aumente sustancialmente su patrimonio, adquiera bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia licita no pudiesen justificar.

REVISIÓN

La iniciativa fue turnada a Comisiones y se pretende llevar al pleno antes de fin de año