Por mayoría calificada, legisladores de Aguascalientes aprobaron, este viernes, elevar a rango constitucional la protección a la vida, desde el momento de su concepción y hasta su muerte por causas naturales.
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La propuesta fue realizada en su momento por el presidente local del Frente Nacional por la Familia, Carlos García Villanueva, apoyado en 16 mil firmas, recabadas entre ciudadanos de la entidad y con base en la facultad, recientemente aprobada por los propios legisladores, para admitir iniciativas ciudadanas.
Luego de más de dos horas de discusión, el dictamen fue aprobado en sesión a puerta cerrada, por 18 votos a favor, apenas los necesarios, emitidos por legisladores de la bancada mayoritaria del Partido Acción Nacional, una legisladora del PRI y la bancada del PVEM. En contra se manifestaron tres legisladores emanados del Partido Revolucionario Institucional, tres de Morena y uno del PRD. Cabe señalar que uno de los cuatro integrantes de la bancada morenista, José Manuel González Mota, prefirió abstenerse.
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Dentro del dictamen, se establecen modificaciones a la Constitución General del estado, mediante las cuales se incluye el reconocimiento de la figura de persona, desde el momento mismo de su concepción hasta la muerte natural.
Se reconoce, asimismo, la personalidad jurídica de persona como ser humano, para efectos de la Constitución General del estado y las leyes que de ella emanen.
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Con ello se busca tener la garantía que ninguna persona, dentro del territorio de Aguascalientes, pueda ser objeto de actos u omisiones cuya intención sea causar su muerte prematura, así como que todas las autoridades de la entidad asuman su papel para salvaguardar las prerrogativas constitucionales, convencionales y legales que los mismos ordenamientos regulan.
Dentro de la exposición de motivos, el documento establece que actualmente en México se aprecia una tendencia a la pérdida del respeto a la vida de todo ser humano,
a pesar de que el derecho a la vida se debe respetar a toda persona humana por el solo hecho de serlo y estos deben ser reconocidos y garantizados por el Estado sin ninguna discriminación social, económica, jurídica, ideológica, cultural, sexual o de otro tipo.
Contrario a lo ocurrido en otras ocasiones en que este tema se había abordado, cuando decenas de feministas se habían manifestado al interior de Palacio Legislativo, ahora, solo media docena hizo acto de presencia por algunos minutos para colocar carteles con protestas contra este hecho.
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