Independientemente de los periodos electorales, los recursos ejercidos por los partidos políticos registrados e incluso por las organizaciones en proceso de adquirir esta categoría, son fiscalizados permanentemente para identificar los conceptos en los que invierten el dinero que reciben.
Fiscalización que incluye la inversión que se lleva a cabo en las redes sociales, proceso en su conjunto que se lleva a cabo desde hace varios años informó el vocal ejecutivo en el estado del Instituto Nacional Electoral (INE), Ignacio Ruelas Olvera.
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Lo anterior, en respuesta al llamado del Sistema Público de Radiodifusión, para que se auditen las cuentas de partidos y organizaciones políticas.
En este sentido el funcionario estatal electoral detalló que la revisión de gastos se lleva a cabo en relación a conceptos relacionados con propaganda institucional, electoral; eventos públicos, capacitaciones y muchos otros.
Precisamente en el rubro de propaganda, las redes sociales, han sido utilizadas para posicionar diversos contenidos políticos, razón por la que el INE monitorea dichos espacios, así como las cuentas en redes de partidos políticos y organizaciones que buscan constituirse como tales.
Señaló que cuando se identifican gastos no reportados o propaganda que transgrede los límites permitidos, o cuando se detectan actos que van en contra de la normatividad y se presentan las denuncias respectivas, el INE inicia los procedimientos sancionadores correspondientes.
Indicó que esas denuncias van en relación a la actividad de los partidos políticos, precandidaturas, candidaturas y candidaturas independientes.
Añadió que en todos esos casos la autoridad electoral requiere información a las empresas proveedoras de estos servicios digitales para obtener datos relacionados con las contrataciones, y en caso de identificar inconsistencias, éstas son observadas y, en su caso, sancionadas conforme a la ley. La información que el INE requiere y ha requerido, es puntualmente entregada por los gestores de esas redes digitales.
Para ello, indicó que el INE cuenta con atribuciones para fiscalizar el gasto que hagan en redes sociales funcionarios públicos u otros actores sociales siempre y cuando dicho gasto esté vinculado a cuestiones electorales.
Esta fiscalización no incluye a otras organizaciones o actores sociales que utilizan recursos públicos para hacer propaganda en redes digitales -no vinculada a temas electorales-, de ello se encargan otras instancias legales, destacó.
POSTURA
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