En conferencia de prensa, el Senador por Aguascalientes, Toño Martín del Campo, manifestó su postura ante la Reforma en materia de supremacía parlamentaria que se aprobó recientemente por la vía del fast track, destacando su preocupación por las implicaciones para el Estado de derecho y la democracia en México.
Asimismo, en el marco de la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a realizarse este día, el senador hizo un llamado a reflexionar sobre los riesgos de esta reforma en diversas áreas. Mencionó que esta reforma, surge tras la resolución de una jueza de Coatzacoalcos que ordenó la suspensión de una parte de la Reforma Judicial y se aprobó de forma urgente por parte de la mayoría morenista sin un análisis profundo de sus consecuencias.
Subrayó que, en una democracia constitucional, las decisiones judiciales deben apelarse, no desobedecerse, resaltando que la falta de acatamiento vulnera principios fundamentales del sistema de justicia mexicano.
Además, enfatizó que el proyecto del Ministro José Luis González Alcántara Carrancá propone eliminar aspectos controvertidos de la Reforma Judicial, como la figura de jueces sin rostro, la elección popular de jueces de distrito y magistrados de circuito, así como la creación del Comité de Evaluación.
Advirtió que esta reforma podría tener efectos negativos en las relaciones internacionales de México, particularmente en el marco del Tratado de Libre Comercio T-MEC. Resaltó que diversos capítulos del tratado, como los relacionados con inversión, telecomunicaciones y política de competencia, podrían verse comprometidos si se vulnera la independencia de los órganos reguladores y autónomos, como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Recalcó que el riesgo consiste en que Estados Unidos y Canadá cataloguen a México como una economía de no mercado, si consideran que estas reformas vulneran la imparcialidad y el trato equitativo, escenario que pondría en riesgo las inversiones y afectaría al sector energético, generando incertidumbre económica y posibles aranceles conforme a la Organización Mundial del Comercio (OMC).
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