Después de cinco meses de análisis, Estados Unidos solicitó llevar a cabo un panel de controversia sobre la restricción por parte de México a la importación de maíz transgénico, esto, en el contexto del Tratado de Libre Comercio, TMEC, ya que en febrero se publicó el decreto en el que se establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado.

Ante este panorama, Alfonso Anaya Castro, secretario de la Cámara Nacional de la Industria de producción de Masa y Tortilla señaló que, actualmente la producción de este alimento se encuentra estable, “hasta que no se lleven a cabo los paneles de controversia y las debidas negociaciones es cuando sabremos qué va a pasar con la industria de la masa y la tortilla, pero por el momento, tenemos los insumos necesarios, el precio está controlado y recordemos que México es autosuficiente en maíz blanco”, dijo.

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No obstante, refirió que si “a mi me dicen que no puedo usar maíz genéticamente modificado y me voy al diccionario e investigo, nos damos cuenta que esto existe desde hace más de 25 años, por ejemplo, un maíz tiene un ADN y en un laboratorio le han ido inyectando genes que le dan más propiedades, como puede ser el que tenga su propio sistema inmunológico que le permita defenderse de plagas, e incluso le permite no ser afectado por el glifosato, porque la función de éste es eliminar todas las hierbas que están a su alrededor para no dejarlo crecer, entonces bajo ese criterio se pone que ya tenemos maíces genéticamente modificados, y hay variedad en el mercado”, señaló.

El maíz que se usa en las tortillerías seguramente es genéticamente modificado, si bien, existe maíz nativo, éste está en las bodegas de SEGALMEX, ya que es producido por pequeños productores y no llega a los industriales de la masa y la tortillaAlfonso Anaya Castro, secretario de la Cámara Nacional de la Industria de producción de Masa y Tortilla

Finalmente, comentó que “nosotros estamos en medio, no somos productores, somos consumidores y consumimos lo que nos mandan, entonces, quien debe regular el entorno desde el punto de vista legal es el gobierno federal y el problema es que sus políticas de tipo agropecuario no son las adecuadas o no han sido suficientemente eficaces para generar el tipo de alimento que requerimos en condiciones que no sean adversas para la población”, apuntó.

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