Más allá de determinaciones jurídicas, es necesario analizar la viabilidad económica del esquema de pensiones en el largo plazo, porque podría perjudicar las finanzas públicas del país, por ello, el Consejo Técnico del Seguro Social debe fijar una postura clara y con visión a largo plazo al respecto.
Pedro Gutiérrez Romo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sostuvo que las autoridades deben abordar este tema, pues aunque resulte impopular, a la larga podría llevar a la descapitalización de las finanzas públicas del país, ya que año con año una mayor porción del presupuesto federal se destina al pago de pensiones.
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Reconoció que la decisión de la Suprema Corte fue un madruguete jurídico, pero se sobredimensionó, pues hasta el momento queda intacto para una gran porción de los asalariados su derecho a optar por jubilarse por la ley de 1973 o 1997, por lo cual, cada quien va a tener que adoptar la decisión que más le convenga.
Dijo que la determinación del máximo tribunal sin duda afectará a algunas personas, quienes tenían planeado pelear en tribunales una buena pensión durante su retiro laboral, pero los ministros habrán tomado esa determinación pensando en el futuro financiero del país.
Por su parte, Juventino Romero, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex, expresó que ya había varias tesis de tribunales colegiados en ese sentido, pues la Ley General del IMSS de 1973 sí establece un tope de 10 salarios mínimos, pero había personas que interponían recursos legales para obtener una pensión de hasta 25 salarios mínimos –el equivalente a casi 100 mil pesos mensuales–.
Dijo que el criterio sirve para fijar una jurisprudencia en futuros litigios, porque corría el riesgo de que se judicializara el cálculo de varias pensiones, lo cual a la larga podría generar un problema financiero muy serio; agregó que aunque la jurisprudencia de la Corte debe acatarse, en el futuro el máximo tribual podría cambiar de criterios.
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Salarios mínimos establece Ley del IMSS 1973 como tope