Por segunda ocasión, la Secretaría de Gobernación (Segob) se negó a que la buscadora de La Bartolina, Delia Quiroa, sea incluida en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.
El pasado 23 de septiembre, la activista, quien en 2021 solicitó autorización, por medio de un video, al crimen organizado para realizar una búsqueda ciudadana en el predio considerado como campo de exterminio La Bartolina, ubicado en Matamoros, Tamaulipas, solicitó, de nueva cuenta, ser inscrita en este mecanismo.
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Buscadoras denuncian amenazas
De acuerdo con el oficio URC/2238/2022, emitido por la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida, la solicitud se realizó bajo el argumento de que el día 18 de septiembre del 2022, autoridades que habían participado en una búsqueda en La Bartolina fueron interceptados por un grupo armado que les mandó un mensaje a los integrantes de los colectivos.
“Comenzó a decir que ya no quieren a buscadoras porque ya se les había dado mucho tiempo, señalando que no le pasó nada pero que está preocupada por sus demás compañeras ya que los grupos del crimen organizado han estado manifestando que ya no quieren a buscadoras”, dijo Quiroa, quien busca a su hermano Roberto, secuestrado en Reynosa desde el 2014.
EL SOL DE TAMPICO informó el pasado 21 de septiembre que la búsqueda de indicios de personas desaparecidas en el campo de exterminio La Bartolina ha sido suspendida debido a que personal de la Fiscalía General de la República (FGR) había recibido amenazas de hombres armados.
Segob le niega protección a buscadora
Con el argumento de que Quiroa estableció que podría correr riesgo en municipios de la frontera tamaulipeca pese a que su domicilio registrado es en la Ciudad de México, no se aceptó su integración en este sistema.
“Bajo este contexto no se visualiza que las situaciones manifestadas sean producto de una labor de defensa de Derechos Humanos que se vincule o genera un nexo recayendo en una posible materialización de un riesgo actual”, dijo en este oficio el coordinador de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida, Honorio Pérez Ríos.
“Al menos no se visualiza dentro de la información que proporciona que se pueda considerar materia de protección como persona defensora de derechos humanos”, sostuvo.
Señaló que son las autoridades locales, estatales y federales quiénes en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de conocer su caso e implementar la seguridad con la finalidad de que se lleve de una manera correcta y sin riesgo.
El funcionario reiteró que esta resolución no implica que no exista una situación de riesgo, sino que es competencia de otras instancias.
“El análisis de acción inmediata desarrollado de la información proporcionada no debería ser interpretado como la negativa de una posible existencia de riesgo o actuaciones contrarias a derecho sino que las circunstancias deberán ser atendidas investigadas por las autoridades competentes idóneas”, afirmó.
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Agregó que la buscadora de La Bartolina podría solicitar nuevamente la protección, aunque por hechos distintos a los tratados.
Publicado originalmente en El Sol de Tampico
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