De acuerdo a un estudio de la organización México Evalúa, sobre los avances del sistema de justicia penal en el país, en el caso específico de Aguascalientes el índice de impunidad se estima en 96%, superior incluso al promedio nacional que es de 92.4%.
Lo anterior es un fiel reflejo de lo que acontece en el sistema de administración de justicia en la entidad, que debe ser una señal de alerta para todos los sectores, pero principalmente para las propias autoridades.
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Los estados con mayor tasa de impunidad son Sinaloa, Guerrero, San Luis Potosí, Ciudad de México, Chihuahua, Quintana Roo, Estado de México, Tamaulipas, Morelos, Jalisco y Aguascalientes, en ese orden.
En 2016, con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, concluyó la implementación de la reforma legal más grande de la historia moderna en México. Con este hito, el sistema penal adversarial -aprobado en 2008- entró en vigor en todo el territorio nacional y para todos los delitos.
Sin embargo, la consolidación del sistema de justicia penal, por el que hemos apostado tanto, todavía no concluye. Los gobiernos cambian, pero las instituciones se mantienen; las normas pueden modificarse, pero los principios se mantienen.
Cada entidad y rincón del país enfrenta sus propios retos, pero las expectativas de una mejor justicia, de una reducción de la impunidad y de una solución a los conflictos penales, se mantienen. La consolidación del sistema procesal penal adversarial tiene como objetivo que esas demandas de una justicia penal más efectiva se concreten. Para que este proceso avance, se necesita una observación más precisa de los retos en las entidades federativas, los que enfrenta cada institución del sistema o, incluso, los que surgen en cada fase del proceso penal, al tiempo que se mantiene una visión a nivel macro de los desafíos y objetivos comunes en un mediano y largo plazo.
En ese sentido, la coordinación horizontal entre las instituciones de cada sistema de justicia y la coordinación vertical de los tres órdenes de gobierno son requisitos sine qua non para lograr la consolidación del sistema, el cual debe ser ‘calibrado’, corregido y perfeccionado constantemente. Si no se satisface este requisito, cada institución y cada ámbito de gobierno -con cada cambio de administración- continuará operando de forma desarticulada.
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En última instancia, el esfuerzo fragmentado y la falta de una visión amplia tendrán un alto costo para la sociedad: las brechas crecerán, las limitaciones al acceso a la justicia se acentuarán y la impunidad prevalecerá, explica México Evalúa.
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CENADURÍA LOLITA | ¿A qué sabe Aguascalientes?
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