El grupo parlamentario del PRD en la Cámara Baja, en voz del diputado federal Antonio Ortega Martínez, emplazó a la Secretaría de Hacienda a revisar los procedimientos que dotan, a partir del próximo año, al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de poder burocrático exagerado para aplicar “terrorismo fiscal” sobre personas físicas y morales a las que se vincule con expedición de facturas falsas y que ahora -de acuerdo con legislación recientemente aprobada por Morena y sus aliados- es perseguido con rango de delincuencia organizada.
El legislador aguascalentense acusó que -hasta el momento- no ha habido ningún anuncio, ninguna posición, ni declaración de parte de la dependencia que encabeza Arturo Herrera, que muestra apertura a revisar y mejorar dichos procedimientos que –dijo- lejos de incentivar el crecimiento nacional, lo pueden inhibir en detrimento de la generación de los empleos que tanto se necesitan.
En el marco de una reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda (de la que Ortega es secretario) con el Subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, el legislador perredista reclamó al funcionario su falta de respuestas ante preguntas específicas que fueron no solo respecto al “terrorismo fiscal” que se implementará; sino que también le cuestionó cómo se planea hacer el pago de la reciente renegociación de la deuda que, por 12 billones de pesos, tiene el país y que fue ampliada por el gobierno de López Obrador a 24 y 26 años más. Recordó que hoy solo se destina lo correspondiente a intereses (700 millones de pesos) pero esa ampliación ameritaría mayor endeudamiento, aunque se diga que no.
¡Nadie -como si fuera un secreto de Estado- nos dice cuánto es el impacto del servicio de la deuda de esa renegociación!
En su exposición, Ortega Martínez hace un planteamiento concreto sobre la discrecionalidad con la que el SAT está siendo dotado para aumentar la recaudación. De lo que estamos hablando es del altísimo poder que se le está dando.
El calificativo de “terrorismo fiscal” es fuerte, agregó, pero acertado. Se dotará al SAT con facultades excesivas, discrecionales, sin procedimientos claros, ni límites legales, lo que provocará grave inseguridad jurídica y desaliento en la actividad productiva y las inversiones.
La propuesta impositiva –añadió- pasa por alto que la principal fuente de inversión, empleos y crecimiento, son las ganancias de los empresarios (grandes, pequeños o micro). Aumentarles los impuestos o sus gastos de contabilidad y administración, inhibe su actividad, reduce las cantidades disponibles para la creación de empleos productivos y, por ende, el crecimiento de la actividad económica.
Antonio Ortega Martínez, Diputado Federal
EL DATO...
La política fiscal afecta el crecimiento económico, los empleos y la producción