Aguascalientes figura entre los cuatro estados del país que no dieron respuesta alguna al informe solicitado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras instancias similares sobre el estado que guardan los derechos humanos de las personas con discapacidad en las entidades federativas.
Así se establece en un reporte especial elaborado por la propia CNDH, en el que se explica que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Kenia López Rabadán; la titular del Sistema DIF nacional, María del Rocío García Pérez, González Pérez refirió el Informe Especial de la CNDH sobre el estado que guardan los derechos humanos de las personas con discapacidad en las entidades federativas, presentado el 4 de diciembre de 2018, y recordó que de los 25 rubros de ese Informe se esperaban 800 respuestas de las 32 entidades federativas y solo se obtuvieron 541 (67.6%), pero no se recibió respuesta alguna de los estados de Aguascalientes, Durango, Jalisco y Nayarit.
Añadió que en armonización legislativa respondieron 23 entidades; en toma de conciencia, 27, y acceso a la justicia, 23, mientras que temas como igualdad y no discriminación; niñas y niños con discapacidad; mujeres con discapacidad; accesibilidad; educación; rehabilitación; vida independiente; igual reconocimiento como persona ante la ley, y participación política muestran importantes rezagos.
En su oportunidad, la senadora Kenia López Rabadán subrayó la necesidad de armonizar las legislaciones nacional y local con la mencionada Convención para garantizar a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de sus derechos humanos, y destacó que se deben impulsar presupuestos públicos con perspectiva de derechos humanos para esa población; asegurarle el acceso a la justicia sin obstáculos y sensibilizar a la sociedad. Subrayó la importancia del Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subraya que la falta de acceso a los servicios de salud, rehabilitación, entretenimiento, cultura, educación empleo y asistencia para convertirse en verdaderos titulares de derechos y obligaciones, con respeto a sus derechos fundamentales, provoca que 7.2 millones de personas con discapacidad vean limitado su potencial para contribuir al desarrollo del país.
Destacó que algunos de los retos específicos que enfrentan las personas con discapacidad son falta de estrategia nacional y de largo plazo en la toma de conciencia para cambiar el enfoque asistencialista de políticas públicas y la actuación de la población hacia ese sector; débil coordinación interinstitucional e intersectorial en los tres órdenes de gobierno; falta de un plan nacional de accesibilidad, y comprender que el derecho a la educación es amplio y debe abarcar desde la primera infancia y prolongarse a lo largo de la vida.
EL DATO...
Hay que armonizar las legislaciones nacional y local para garantizar a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de sus derechos humanos